"La desregulación total no es buena y los actores ya tienen una trayectoria. Hay una jurisprudencia que ya se va asentando. El proyecto de ley tiene más ventajas que desventajas"

"El desarrollo de la economía digital tiene un potencial enorme, más que nada para las startups y el talento argentino. Desde la regulación, esto se puede incentivar para que el sistema emprendedor explote hasta su máximo potencial. Por otro lado, vivimos en un país democrático y un proyecto que regule la responsabilidad de los intermediarios previene la censura".

“Queremos y esperamos que Diputados pueda aprobar este año el proyecto de ley de responsabilidad de intermediarios porque es buena para el desarrollo de empresas y emprendedores en Internet

“Como proveedores de servicios, no podemos hacernos responsables del contenido que millones de usuarios comparten y suben diariamente a internet. La intervención judicial es la única garantía para evitar que cualquier actor privado, o incluso los gobiernos, puedan intervenir para bajar contenidos e incidir en el derecho a la información y la libertad de expresión”.

“Nuestros usuarios confían en el servicio de hosting que les brindamos y en como manejamos la privacidad de sus datos y contenidos. Pretender que los intermediarios hagamos  un monitoreo en forma genérica de todo lo que los usuarios suben libremente a Internet significaría vulnerar esa confianza".

"El hecho de que diversas organizaciones de diversas partes de la comunidad, se hayan manifestado a favor, o hayan participado en el proyecto de ley, es algo sumamente positivo, y es una práctica que otros países tendrían que seguir".

“Debería garantizarse, por ley, la aplicación de un régimen más adecuado, en referencia con la protección de la libertad de expresión porque de eso se trata, del derecho que tiene cada persona a buscar, recibir y difundir información, sin limitaciones y sin censura, a través de Internet”.

“Los intermediarios no tienen – ni tienen que tener – la capacidad operativa/técnica para revisar los contenidos de los cuales no son responsables. Tampoco tienen – ni tienen que tener- el conocimiento jurídico necesario para identificar en qué casos un determinado contenido puede efectivamente producir un daño anti jurídico que debe ser evitado.”

"La ley genera certeza jurídica. Pone el estándar judicial para todos porque nunca debe ser el Sector Privado el encargado de dirimir la legalidad o no de la información publicada por un usuario de Internet".

"Nuestra empresa invierte permanentemente en brindar un servicio cada vez mejor a los clientes, que les permita el acceso a Internet. Sería imposible para nosotros mantener estructuras técnicas y administrativas para auditar los contenidos que a través de nuestros servicios se difunden libremente".

"Pretender que esta ley no es necesaria, es creer que Internet no es importante para la economía Nacional y regional.  Y hacernos responsables como intermediarios de los contenidos de terceros es pretender que seamos “jueces” privados de las acciones de los usuarios".

"Al trabajar sobre plataformas y servicios encriptados (https), aunque quisiéramos sería imposible monitorear los contenidos que nuestros usuarios suben, más allá de que sería violar su privacidad".

"Nos parece un avance, el proyecto tiene que salir porque si no, vamos a volver atrás en regulación de Internet. Se han dado de baja cierres de campaña de un candidato a presidente porque detrás tiene una canción de fondo".

"Con esta norma se diferencia cuál es el procedimiento necesario para que haya una remoción de contenido, y la decisión final queda en manos de la Justicia".

"Con la aprobación de la ley, los intermediarios tecnológicos de Internet y los usuarios tendrán un marco claro para seguir haciendo crecer esta herramienta de comunicación, educación, entretenimiento y desarrollo más extraordinaria de nuestra historia, y a la vez garantizar que Internet siga  siendo un ámbito libre  y de acceso universal".

Apoyamos la aprobación final de una ley que, en línea con la normativa aprobada en otros países de la región, dé certeza a la actividad de los ISPs, favorezca la innovación y la libertad de expresión, y contribuya al desarrollo del ecosistema digital.

“Nunca los derechos de propiedad privada –tal la naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual contemplados en el art. 17 de la Constitución Nacional– pueden ser usados como argumento para coartar los derechos fundamentales al debido proceso judicial y a la libertad de expresión, que son los derechos en pugna con la posición que defienden las cámaras de la propiedad intelectual”