Amplio apoyo al Proyecto de Ley de Regulación de la Responsabilidad de los Intermediarios de Internet

A fin del año pasado, las comisiones de Comunicación e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del proyecto de ley que regula la responsabilidad de los intermediarios de Internet.

En 2016, el proyecto,  impulsado por el senador Federico Pinedo (PRO) y el bloque PJ-FPV,   obtuvo  una media sanción en el Senado por amplia mayoría.

Asimismo, la iniciativa ha recibido el pasado abril de 2018, el reconocimiento explícito por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una nota formal al Gobierno Argentino, en la que destacan el impacto positivo sobre la libertad de expresión del proyecto de ley y expresan su apoyo a la iniciativa legislativa, por entender que sigue los principios aprobados por organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA, los estándares que fijó nuestra Corte Suprema de Justicia y recomendaciones de organizaciones referentes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es el consejo de la OCDE quien incluyó la responsabilidad limitada de los intermediarios como uno de los 14 principios recomendados para la formulación de políticas de Internet tendientes a promover y proteger el libre flujo de información global en la Red. Esta recomendación toma especial relevancia habida cuenta que Argentina está haciendo denodados esfuerzos para ser admitida como miembro pleno de la OCDE.

Existe hoy  una minoría que aún pretenden que los derechos de propiedad intelectual y otros intereses comerciales se consideren por sobre el derecho a la información y la libertad de expresión de los individuos y  consideran que los intermediarios de Internet deben ser  responsables  de monitorear, supervisar y vigilar los contenidos que los usuarios publican en Internet,  decidiendo qué contenido debe censurando y cuál no.

Los principales actores de la industria de Internet y de telecomunicaciones, junto con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a libertad de expresión y derechos humanos más importantes de Argentina y del mundo, impulsan la aprobación de esta norma como mecanismo de preservación del principio fundamental de libertad de expresión en Internet.