Proteger la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información en Internet, es defender uno de los derechos humanos más importantes para el desarrollo de una sociedad y de la democracia

El Derecho a la Libertad de Expresión está amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y por todas las leyes de los estados democráticos. En nuestro país, se encuentra consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.

Con la llegada de internet, ese derecho se vio fortalecido, dado que se trata hoy de una herramienta de comunicación clave, con mucho potencial al servicio de la libertad de expresión. Darle un marco regulatorio es avanzar en el camino a la soberanía, así como impulsar el desarrollo más equitativo de una internet abierta, interoperable e inclusiva para que se convierta en el motor del desarrollo socio económico del país.

Proteger el Derecho a la Libertad de Expresión en Internet es fundamental para que un gobierno democrático funcione, ya que toda información incluida en opiniones, debates, creencias, entre otras, fomentan un crecimiento social, enriquecen las mentes de las personas y las ayudan a pensar, evaluar, elegir y discernir mejor entre lo que consideran real o falso.

Vulnerar ese derecho podría darse de tres formas: la prohibición de acceso a Internet, la censura, y el bloqueo de sitios o contenidos sin intervención legal.

A través de los intermediarios de internet, millones de usuarios a diario generan debates, comunicaciones, compras y ventas on line, participan en redes sociales, contratan servicios, entre otras actividades. En este sentido, la UNESCO ha señalado que son las leyes y las políticas públicas las que deben proteger la libertad de expresión, y que una restricción de contenido en Internet debe ser sometida a supervisión judicial, siempre, cumpliendo con las normas de los derechos humanos.

Diversas entidades de la sociedad civil y académicos han hecho explícito su apoyo al proyecto de Ley, habida cuenta que ampara a la ciudadanía de quienes se arrogan potestades de remoción de contenidos que son exclusivas del Poder Judicial. Este es, justamente, el mayor mérito que el proyecto de ley tiene, ya que establece el estándar de intervención judicial para la remoción de contenidos en internet, lo que garantiza el pleno derecho a la libertad de expresión, cerrando la puerta a que cualquier actor del sector público o privado se arrogue el derecho de establecer la legalidad o no de lo que un usuario publica en Internet.

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