Preguntas Frecuentes

¿Qué lineamientos y estándares sigue este proyecto de ley?

El proyecto de ley sigue los principios aprobados por organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA, los estándares que fijó nuestra Corte Suprema de Justicia y recomendaciones de organizaciones referentes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En especial, está alineado con los Principios de Manila, un marco específico de regulación de la responsabilidad de los intermediarios de Internet consensuado globalmente por los diferentes actores de la industria de Internet y la sociedad civil.

¿Qué propone el proyecto de Ley de Intermediarios de Internet?

El Proyecto de Ley de Regulación de la Responsabilidad de los Intermediarios de Internet, brinda un marco legal específico que establece reglas claras sobre la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos que permiten el aprovechamiento de Internet, y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.
De esa manera, promueve el desarrollo de la economía digital en Argentina, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, protegiendo la privacidad de los usuarios, lo que fomentará la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet.

¿Por qué es importante la intervención judicial como estándar para la remoción de contenidos en Internet?

El proyecto de ley establece que los intermediarios de internet no son responsables por los contenidos que generan, publican o suben sus usuarios, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial. Al establecer el estándar de intervención judicial para la remoción de contenidos en Internet, se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

¿Qué es un intermediario de Internet?

Se denomina intermediario de Internet a todo actor público o privado, grande o pequeño, nacional o extranjero, que brinda servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio electrónico, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, proveedores de acceso y conectividad a Internet, entre otros.

¿Cuál es el estado actual del proyecto de ley?

Este proyecto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información en internet, tuvo un debate abierto y amplio que recabó la opinión de representantes de la sociedad civil, de la comunidad técnica, del sector privado y del Estado, dando lugar a un proyecto de unidad impulsado por el senador Federico Pinedo (PRO) y el bloque PJ-FPV, que recibió media sanción en el Sanado por amplia mayoría en 2016.

A fin 2017, las comisiones de Comunicación e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen del proyecto de ley que regula la responsabilidad de los intermediarios de Internet.

Actualmente el proyecto debe ser tratado nuevamente en Comisión para su sanción definitiva en la votación de Diputados.

 

¿Qué es la Cámara Argentina de Internet -CABASE-?

Fundada en 1989, CABASE es la cámara que reúne a las empresas proveedoras de Servicios de Acceso a Internet, Telefonía, Soluciones de Datacenter y contenidos Online, entre otras. Sus asociados están presentes en las 500 ciudades más importantes del país brindando servicios de banda ancha a más de dos millones y medio de clientes y generando empleo directo para más de 5.000 personas.

Más sobre la Cámara Argentina de Internet -CABASE-

¿A quiénes representa la Cámara Argentina de Internet -CABASE-?

La Cámara Argentina de Internet -CABASE-, agrupa a los intermediarios tecnológicos (proveedores de acceso y conectividad a Internet, servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio electrónico, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, etc.) del ecosistema de Internet en Argentina. Los miembros de la cámara son actores públicos y privados, grandes y pequeños, nacionales y extranjeros.

¿Por qué CABASE impulsa la sanción del proyecto de ley?

Porque la norma brinda un marco legal específico que establece reglas claras sobre la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos que permiten el aprovechamiento de Internet, entre los que se encuentran los proveedores de acceso, los prestadores de servicios de alojamiento de contenidos, las plataformas de comercio electrónico, los proveedores de motores de búsqueda, entre otros.

Para las empresas, cooperativas e instituciones que integran la Cámara Argentina de Internet –CABASE–, se trata de una norma fundamental que otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y permitirá fomentar la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet.

¿Por qué es importante que se regule la responsabilidad de los intermediarios?

Porque la sanción de este proyecto de ley colocará a la Argentina a la vanguardia regional y global en legislación de Internet, siguiendo los mejores estándares internacionales y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía digital en nuestro país. Se trata de una norma fundamental porque al aprobarse otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión en Internet, fomentando la innovación y la generación de emprendimientos de provisión de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet.

 

¿Por qué no es deseable que los intermediarios deban monitorear el contenido que suben sus usuarios?

Los Intermediarios de Internet  no deben monitorear el contenido que los usuarios suben a Internet, para proteger la privacidad de los mismos, preservando el derecho a la libre expresión y el acceso a la información, y no permitiendo que actores públicos o privados supervisen y vigilen los contenidos, arrogándose la potestad de censurarlos.

¿Cómo se garantiza la libertad de expresión en Internet?

La libertad de expresión se garantiza estableciendo un estándar judicial para la remoción de contenidos, lo que asegura que los usuarios puedan continuar publicando, editando y compartiendo contenidos sin edición previa por parte de un actor público o privado que se arrogue el derecho de decidir qué es lícito y qué no.

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