Regular la responsabilidad de los intermediarios de Internet es indispensable para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información en la red

El Proyecto de Ley de Regulación de la Responsabilidad de los Intermediarios de Internet brinda un marco legal específico que establece reglas claras sobre la responsabilidad de las entidades que ofrecen servicios en la Red, permitiendo el aprovechamiento de Internet y la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Los intermediarios son todos aquellos proveedores de acceso y conectividad a Internet, servicios de alojamiento de contenidos, plataformas de comercio electrónico, motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, entre otros. Incluye no sólo a los grandes proveedores de servicios, sino también a una innumerable cantidad de PyMEs, cooperativas de servicios y emprendedores individuales, que actúan en nuestro país. Además, comprende actores públicos y privados, grandes y pequeños, nacionales y extranjeros.

La norma propuesta prevé un mecanismo de protección judicial para las personas que se encuentren afectadas por contenidos ilícitos o perjudiciales que se difundan en Internet. De este modo, se establece que los intermediarios no son responsables por los contenidos que generan, publican o suben sus usuarios a internet, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial.

En 2016, la iniciativa regulatoria tuvo un debate abierto y amplio entre los representantes de la sociedad civil, de la comunidad técnica, del sector privado y del gobierno, dando lugar a un proyecto unificado impulsado por el senador Federico Pinedo (PRO) y el bloque PJ-FPV, que recibió media sanción en el Senado.

A fines de 2017 obtuvo un dictamen positivo por parte de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Justicia de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra pendiente de tratamiento para su votación en la Cámara Baja.

Recientemente, la iniciativa legislativa recibió reconocimiento explícito por parte del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este respaldo a la propuesta legislativa se basa en el entendimiento de que se encuentra en línea con los principios aprobados por organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA,  los estándares que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recomendaciones de organizaciones referentes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El consejo de la OCDE incluyó la responsabilidad limitada de los intermediarios como uno de los 14 principios recomendados para la formulación de políticas de Internet tendientes a promover y proteger el libre flujo de información global en la Red.

La norma en tratamiento también cuenta con el apoyo de los principales actores de la industria de Internet y de las telecomunicaciones, de diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas a la libertad de expresión y a los derechos humanos, tanto de la Argentina como del resto del mundo. A la vez, fue respaldada por varias asociaciones internacionales de Internet.

Convertir este proyecto en ley, garantizará el ejercicio de los derechos humanos – en particular la libertad de expresión –, y colocará a la Argentina a la vanguardia regional y global en legislación de Internet. Asimismo, al otorgar certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, se estará contribuyendo al desarrollo de la economía digital en nuestro país y se fomentará la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet con desarrollo y proyección internacional.

Las pocas voces que se oponen a la sanción de esta Iniciativa pretenden que los derechos de propiedad intelectual y otros intereses comerciales se consideren por sobre el derecho a la información y la libertad de expresión de los individuos y proponen, además, que los Intermediarios de internet estén obligados a monitorear, supervisar y vigilar los contenidos que los usuarios libremente publican en Internet, arrogándose la potestad de censurar contenidos sin intervención judicial.

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